La salud no es una prioridad real de las agendas de gobierno, aun desde el inicio de la era democrática, en 1986. Las crisis hospitalarias repetidas han sido el común denominador de los diferentes gobiernos y partidos.
El sistema de salud de Guatemala es fragmentado, con sus componentes y servicios de salud: público, del Seguro Social y el sistema privado, cada uno con sus propios fines y objetivos, raramente coordinados u orientados al bien común.
El sistema público se encuentra en deterioro permanente, con una política de responder a emergencias y sin visión de largo plazo, rodeado o atrapado por una cooperación externa que tiene su propia agenda, que no siempre está coordinada con los esfuerzos que el país requiere, con una institucionalidad muy débil y recurso humano que es removido cada cuatro años, incluso cuando sus capacidades y conocimientos hayan sido manifiestos.
El proceso de aprendizaje de cada nuevo grupo que asume la responsabilidad de manejar los destinos del Ministerio de Salud Pública impide planificar estrategias que coloquen ese rubro en primera fila, con una política de largo plazo para contar con cuadros técnicos y profesionales permanentes y recursos financieros adecuados a fin de evitar la inestabilidad laboral, el abastecimiento irregular de insumos y medicamentos, la falta de aplicación y monitoreo de las normas vigentes, así como erradicar la incapacidad de ejercer el papel de rector de la salud, pues la credibilidad y capacidad de mucho de su personal en distintas áreas es muy baja.
Un Estado acostumbrado a maquillar los números reales y las estadísticas con datos epidemiológicos poco sólidos no es ni será capaz de planificar adecuadamente sus planes operativos, y mucho menos justificar sus presupuestos. Tan solo en la llamada extensión de cobertura, iniciada en la década de 1990, aún se brinda un servicio limitado a niños y mujeres embarazadas, relacionado con medidas preventivas generales, una o dos veces por mes, a las poblaciones rurales dispersas del país, lo cual deja sin cobertura de salud a más de ocho millones de habitantes adolescentes, mujeres no embarazadas y hombres adultos del país.
Aristas incongruentes
El Seguro Social, con un deterioro progresivo en la cobertura real y proporcional, está muy lejos de los logros de Costa Rica, que cuenta con Acceso Universal, y en nombre de la Autonomía, se maneja como una empresa privada de servicios, lo cual contraviene los principios para los cuales fue creado: se olvida de que su existencia se debe al Estado de Guatemala, que le dio vida desde los años 1940.
Por último, hay un sistema privado cuyo principal motor, además del servicio, es generar ganancias, actuando como un sistema paralelo poco regulado y supervisado, en donde la calidad y diversidad de servicios es muy variable, a pesar de que existe la percepción de que lo privado es bueno y lo público es malo. El área privada de la medicina es eminentemente curativa y requiere una regulación y supervisión más estrecha por parte de las autoridades de salud, que permita establecer mínimos de calidad de atención a precios razonables.
Para algunos ejemplos: los hospitales de la red pública se encuentran saturados, en particular los dos grandes de referencia en la Ciudad de Guatemala: el Roosevelt y el San Juan de Dios. Los hospitales “escuela” como los de Cuilapa, Quetzaltenango, Zacapa y Chiquimula, están lejos de los estándares mínimos para evitar complicaciones. Sabemos que en las condiciones de hacinamiento, recurso humano limitado, infraestructura sin mantenimiento y provisión irregular de insumos y medicinas, se verán afectados por emergencias. Prueba de ello son dos experiencias anteriores: la crisis por influenza en el Roosevelt, en el 2006, que prácticamente quedó paralizado, y las recientes epidemias en servicios de recién nacidos, como sucedió en Cuilapa, donde las causas son evidentes y exigen el cierre parcial de áreas.
Todo ello tiene relación directa con el gasto público en salud, en Guatemala, que para el 2007 fue del orden del 29% —el 71 por ciento restante fue gastado por población: el llamado gasto de bolsillo, con detrimento en la calidad de vida de la población—, situación muy diferente a la de Costa Rica, con 72 por ciento, u Honduras, con 66 por ciento (Estadísticas Sanitarias mundiales, OMS 2010).
En cuanto a riesgo de brotes epidémicos, se calcula que habrá uno por cada 15 mil egresos hospitalarios. El Roosevelt y el San Juan egresan a más de 40 mil personas cada uno, cada año. En países de ingresos medio-bajo o bajo se espera que las tasas de infección hospitalaria rebasen entre 10 y 20 por ciento. Países con mayor inversión en salud tienen menos de la mitad de ese riesgo.
Las infecciones no pueden ser totalmente eliminadas, dado que hay factores de riesgo que no podemos modificar, tales como la edad de las personas, la premadurez, la desnutrición y padecer diabetes, pero una estrategia bien planificada de acceso universal a la higiene de manos tiene un impacto importante al reducir los riesgos casi a la mitad.
En áreas de atención primaria y en la rural la situación es aún más precaria, pues aunque existen programas de extensión de cobertura a cargo de organizaciones no gubernamentales (ONG,) su alcance es muy limitado, pues sus acciones van dirigidas al campo materno-infantil y pierden muchas oportunidades de coordinar en forma adecuada sus funciones. Estas áreas debieran de ser atendidas ahora por el propio Estado, y no requerir de esas entidades, a las cuales poco o nada puede supervisar.
En los centros de atención materno-infantil, la provisión de recursos es irregular y los avances para disminuir la mortalidad de las madres han sido muy pobres. Comparativamente, la inversión en salud per cápita del Estado es de Q1 mil 350 en el departamento de Guatemala, y de Q153 a Q488 en los diferentes departamentos del país. (Cálculo en base al Sincoin).
Fuera de Criterios políticos
Un cambio de actitud en el ámbito político es absolutamente necesario, pues si requerimos mejores servicios y resultados, debemos invertir —no gastar— más en salud, y ello requiere que la tributación sea más equitativa y que quienes reciben la confianza de la administración puedan actuar de manera técnica.
Los mejores candidatos para dirigir los destinos de la salud pública y la seguridad no deben ser las personas más sumisas al poder del partido de gobierno ni representar los intereses económicos del sector privado. Deben ser quienes tengan el perfil profesional, conocimientos y trayectoria académica documentada, que no tengan temor de manifestar su opinión de manera respetuosa ante sus superiores y que no sean influidos negativamente, a fin de brindar privilegios ilegales.
Debemos actuar de tal manera que no nos parezca normal que los niños mueran de hambre, que los representantes del Estado tengan acceso a los negocios de ventas de servicios o medicamentos al mismo Estado, que el sector privado no pague todos sus impuestos, que no se respeten los derechos laborales. De las nuevas formas de contratación en el Estado y que las propias universidades no contemplen las prestaciones de sus trabajadores o sus profesores. ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Debemos proteger el capital y a sus dueños? ¿Y dónde queda la persona humana? Luego nos extrañamos de los resultados en salud y educación, que van más allá de eslóganes electorales.
No podemos esperar un sistema de salud que funcione en lo preventivo y lo curativo y que se generen mejores resultados, si la estructura del poder no lo permite; si no se logra un mayor financiamiento de los servicios, una integración del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al sistema de Salud y que el servicio privado siga sin la regulación y supervisión adecuadas. Debe haber un proceso en dirección a una política general de salud, coordinada por un Consejo Técnico Nacional que oriente las acciones más allá de cada periodo de gobierno.
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