El G-4, integrado por representantes de las iglesias Católica y evangélicas, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Universidad de San Carlos (Usac), solicitó ayer apoyo a la comunidad internacional para que el Estado “haga lo que tiene que hacer en la lucha contra la desnutrición”.
El arzobispo metropolitano, Óscar Vian Morales; el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales; el presidente de la Alianza Evangélica, Jorge Morales, y el rector de la Usac, Estuardo Gálvez, expusieron ante 13 embajadores y representantes diplomáticos su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno a la solicitud de la PDH de que se declare el “riesgo nutricional”.
El procurador expuso que el G-4 está alarmado por la desnutrición y por la solicitud que le han hecho al Gobierno, que se ha mostrado indiferente.
Jorge Morales dijo que, aunque el G-4 comenzó por analizar la violencia, con el tiempo vio la necesidad de cambiar sus prioridades, ya que el año último el hambre cobró más víctimas que aquel flagelo.
Monseñor Vian Morales pidió el apoyo de los diplomáticos para hacer conciencia sobre la necesidad de “un grito por Guatemala”.
“Vemos que nuestras autoridades no escuchan que hay que ayudar a nuestros hermanos desnutridos”, insistió el religioso.
El rector de la Usac expuso que la desnutrición no es un problema reciente en Guatemala, pero que el cambio climático y la ausencia de una política estatal agravan la situación.
Los diplomáticos
Entre las representaciones diplomáticas que escucharon las demandas del G-4 se encuentran la de Chile, Belice, Panamá, Italia, EE. UU., España y Canadá.
También asistieron los embajadores de Noruega, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Colombia y el Vaticano.
El primero en pronunciarse sobre el tema fue el nuncio apostólico, Paul Richard Gallager, quien mostró su sorpresa por los datos presentados y por la “indiferencia de las autoridades”.
Otros diplomáticos, entre ellos Eduardo Ibarrola, de México, quisieron saber cómo la falta de aprobación de la ley de desarrollo rural es un obstáculo para solucionar el problema.
Stephen McFarland, embajador de EE. UU., anunció que este año ese país tiene previsto cooperar con un poco más de US$40 millones con organizaciones no gubernamentales, por medio de varios programas.
Llamado sin respuesta
El procurador informó que desde enero último solicitó una audiencia con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (Conasan), para presentar el informe “La muerte por hambre... también es un crimen”.
En la cita, que se efectuó el 10 de marzo, estuvo presente el vicegobernante, Rafael Espada, y el presidente del Conasan, quien dijo que el documento sería evaluado el 30 de marzo.
Ese día, las 13 instituciones que integran el Conasan presentaron su informe sobre las acciones que han tomado. El detalle continuó el 6 de abril último, cuando también se integró una comisión para que analizara el informe de la PDH. Se espera que mañana se defina si se declara el “riesgo nutricional”.
Los diplomáticos conocieron el estudio actualizado, en el cual destaca que hasta marzo había 808 mil 137 casos de desnutrición crónica, en niños mayores de 5 años, según el Tercer Censo de Talla de Escolares.
También se expuso durante la reunión la falta de reservas de alimentos para marzo en adelante y la escasez en familias vulnerables, desde febrero, cuando, por lo regular, se da a partir de abril. A esta carencia se suma la pérdida de cosechas, en especial de granos básicos.
“El Corredor Seco es una región condenada al asistencialismo alimentario si no se hace algo diferente”, expresó el técnico Élmer López.
Luis Monterroso, también técnico, afirmó: “Es urgente un pacto de nación para cumplir con la política de la seguridad alimentaria”.
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