Las empresas mineras insisten en explotar hierro en las playas de la Costa Sur, sin considerar el impacto a los ecosistemas, daños en áreas turísticas y construcciones particulares, así como efectos negativos a los medios de subsistencia de millares de personas.
Mientras el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) considera que este asunto es motivo de debate nacional, se sabe que a finales del año último la empresa Tikal Minerals, S.A, subsidiaria de Mayan Iron, presentó el estudio de impacto ambiental para obtener la licencia de exploración, y que sus personeros llegan constantemente al MARN para agilizar el proceso.
Carlos Salvatierra, directivo de la Red de Manglar Internacional, explicó que Tikal Minerals tiene tres permisos de reconocimiento en la Costa Sur y que tramita el de exploración, antes de obtener la licencia de explotación, con la cual podría extraer hierro.
Otra compañía, Firecreek Resources, S.A., tiene una licencia de reconocimiento que abarca desde la frontera con México hasta la de El Salvador.
Las cuatro licencias comprenden una extensión de dos mil 784 kilómetros cuadrados. Se calcula que los yacimientos de hierro en arenas nacionales pueden producir 10 millones de toneladas anuales, por un período de 20 años, al excavar a 10 metros de profundidad, y se podría extender a 90 años si se hace a 50 metros.
Salvatierra señaló que la primera firma planifica extraer hierro en las paleoplayas, es decir áreas que antes estaban cubiertas por el mar y hoy son fincas, mientras que Firecreek plantea obtenerlo de la arena en el lecho marino.
“Ambos métodos resultan un peligro para los ecosistemas, la forma de vida de los pescadores y para quienes han invertido en chaletes, hoteles y restaurantes”, refirió el activista.
Sin aprobar
Luis Zurita, viceministro de Ambiente, aseguró que el MARN no ha aprobado ningún estudio de impacto ambiental para exploración de hierro en las playas. A pesar de que algunas empresas ya presentaron sus documentos, el Ministerio se reserva el derecho de hacer consultas académicas, técnicas y sociales antes de resolver, indicó.
“Es un asunto complejo, y en informes mundiales vemos que en playas de otros países se ha generado impacto no solo sobre el paisaje, sino en los ecosistemas marinos, además de trastornar el ciclo biológico y la biodiversidad”, expuso.
Zurita aseveró que el MARN no tiene plazos para pronunciarse y puede tomarse el tiempo para consultar a universidades, municipalidades, grupos sociales y empresariales. Refirió que, debido a la trascendencia de este asunto, debería ser motivo de debate nacional.
Óscar Rosal, director de Desarrollo Minero del Ministerio de Energía y Minas (MEM), dijo que el MARN debe decidir si se continúa el proceso, si se aprueba el trámite ambiental y si se le otorga a Tikal Minerals la licencia de exploración por siete años.
Con el permiso de exploración la empresa puede hacer zanjas o pozos de investigación, y antes de ese plazo puede tramitar el derecho de explotación, respaldado en un nuevo estudio de impacto ambiental.
Ilegalidad
Rafael Maldonado, coordinador del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, afirmó que esa organización presentó en el MARN una oposición a la aprobación del estudio de impacto ambiental de Tikal Minerals.
El recurso se planteó porque al declarar la Corte de Constitucionalidad la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley de Minería, el MEM no puede otorgar licencias de exploración ni explotación, dijo Maldonado.
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