El creciente número de denuncias y juicios ambientales que han sido engavetados llevó al Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) a proponer la creación de juzgados específicos que resuelvan esos casos.
Muchas de las acusaciones primero prescriben, ya que se programa el debate hasta cuatro años después, por la acumulación de casos en los juzgados de Primera Instancia de Delitos Penales, Narcoactividad y Ambiente.
Desde su creación, en 1994, conforme el Código Procesal Penal, los delitos contra el ambiente han sido relativamente relegados.
Rafael Maldonado, representante legal de Calas, expresó que entre el 2000 y el 2001 los casos sumaban alrededor de 300 denuncias al año. Pero hasta ahora la cifra se ha triplicado.
Tanto las reformas como la ampliación de nuevas leyes ambientales han generado mayor cantidad de denuncias en varias regiones del país. La creciente conciencia de la población lleva también a las personas a poner este tipo de ilícitos en conocimiento de las autoridades.
En el Ministerio Público se han creado fiscalías específicas de Delitos contra el Ambiente en Izabal, Petén, Alta Verapaz y Guatemala, las cuales, durante el 2010, acumularon 910 denuncias.
Sin embargo, la mayoría de casos se quedan varados al llegar al Juzgado. “Todos estos delitos gozan de medida sustitutiva”, señaló Maldonado, con lo cual deja entrever que los sindicados a menudo continúan cometiendo el mismo por el cual se les juzga, con un costo irreparable para el entorno ecológico.
La contaminación industrial es lo más grave. En el 2002 se denunció a una empresa que descargaba aguas pestilentes en el río Zanjón Ixpaquibal, acción que perjudicaba a más de 900 familias de la comunidad Pajales, en San Andrés Villaseca, Retalhuleu. “A la fecha, el caso sigue en investigación y no se hace nada. El delito se consuma y no se dan medidas cautelares”, aseguró Maldonado.
Expedientes dormidos
En la Fiscalía de Izabal, Carlos Ábrego expuso que lo mejor sería separar los delitos ambientales de los comunes. “Tengo casos desde el 2005”, afirmó, y añadió que en esta temporada aumentan los casos porque se dan más quemas ilegales por siembras o tala de árboles.
Para el fiscal ambiental de Guatemala, Noé López, el desconocimiento de los jueces en esa materia representa un tropiezo, ya que no dimensionan el impacto del retraso y de las sentencias leves.
López agregó que ahora se coordina el trabajo entre la Policía de Delitos Ambientales, Diprona, la Fiscalía y los entes rectores. “Hay un equipo de trabajo que conoce el tema, pero en el Juzgado muchas veces se pierde el trabajo porque no son especializados”, indicó.
Resultado de este cuello de botella en los juzgados es que existen varias opciones. Calas ha propuesto la creación de un tribunal de delitos ambientales que conozca todos los juicios a escala nacional y emita los fallos correspondientes. “Esto rompería el esquema de los juicios tardíos”, afirmó Maldonado.
El magistrado de la Cámara Penal, César Barrientos, dijo que esta medida resulta onerosa. En tal sentido, propuso aumentar el número de jueces para que los casos ambientales tengan oportunidad.
López sugirió regionalizar los juzgados en la provincia, con jueces especializados en recursos ambientales.
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