viernes, 25 de febrero de 2011

Víctimas de conflicto armado interno siguen sin atención


La falta de presupuesto, el traslado de fondos a otras instituciones y la deficiente administración han causado que miles de damnificados del conflicto armado interno continúen sin recibir el resarcimiento a que tienen derecho.

El presupuesto del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) ha tenido una curva descendente en los últimos años, lo cual ha impactado negativamente en el apoyo a las víctimas de la guerra.
El 2004 fue el primer año en que funcionó el PNR, con presupuesto de Q3.4 millones. Del 2005 al 2008 se mantuvo la asignación de Q300 millones, pero la erogación fue deficiente, a excepción del último año.
Para el 2009, la asignación presupuestaria bajó a Q220 millones, al igual que para el 2010, aunque la inversión también fue pobre, pues no pasaron de Q95.6 millones y Q37.7 millones, respectivamente.
El resto de los fondos apareció en el Sistema Integrado de Contabilidad Financiera del Estado como transferencias a otras instituciones.
Para el 2011, el presupuesto bajó de Q220 millones a Q70 millones, según la fiscalización del Grupo de Apoyo Mutuo (Gam), aunque César Dávila, director del PNR, aseveró que en total le aprobaron Q100 millones.


Reciben menos

“Una cosa es lo que aprueban de presupuesto y otra lo que en realidad entregan. El año pasado teníamos Q220 millones asignados, pero nos dieron solo Q47 millones para los programas y Q30 millones más para funcionamiento. ¿A ver cuánto nos dan ahora?”, explicó Dávila.
La disminución presupuestaria para el PNR ha causado el abandono de los programas que debe desarrollar.
“Teníamos previsto construir seis mil viviendas más, y seis mil personas aproximadamente que iban a ser atendidas con la ayuda económica; eso ya es una baja en nuestras metas, y por supuesto que es incumplimiento en atención a las víctimas”, reconoció Dávila.
Mario Polanco, del Gam, expresó que el PNR es poco transparente, ya que no se sabe quiénes son los beneficiarios.
Por ello, a principios de este año esa agrupación accionó en la Corte de Constitucionalidad para que esta le ordene al PNR que dé a conocer los nombres de los beneficiarios.

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