viernes, 19 de noviembre de 2010

Rechazo

Conferencia Episcopal se opone a la pena de muerte

La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) pidió ayer al Congreso la abolición de la pena de muerte, por considerar que esta medida no constituye un disuasivo contra la violencia que afecta al país.

“El remedio a la violencia está más bien en la aplicación de políticas de desarrollo social éticamente fundadas”, afirmó Pablo Vizcaíno, presidente de la CEG.

Según la curia guatemalteca, el artículo 18 de la Constitución le otorga al Congreso la facultad para abolir las ejecuciones.

La CEG asegura tener conciencia de que la población está cansada de la ola de violencia, corrupción e impunidad que imperan en el país, por lo cual comprende que después de la noticia de algún asesinato, “particularmente cruento y grave, resurja el tema de las ejecuciones”.

“Invitamos a la población guatemalteca a crear una verdadera cultura de la vida, que se oponga a la anticultura de la muerte, por medio de nuestro compromiso diario en el camino de la conversión, la reconciliación y la construcción de la verdadera paz”, manifestó en la conferencia de prensa Bernabé Sagastume, obispo de Santa Rosa de Lima.

La declaración de la Iglesia Católica también reprocha la promoción de la pena capital como propaganda política, ya que afirma que la desesperación ciudadana es producto de la ineficacia del sistema judicial.

Roberto Villate, jefe de la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder), la cual promueve la aplicación de la pena de muerte, considera que esta medida sí es un disuasivo ante la ola de violencia.

“Desde el 2000 que no se ejecuta a nadie, y se ha incrementado el número de muertes casi al doble. Si seguimos esperando unos 10 años, se puede aumentar el número de muertes a 40 diarias. Nosotros sí creemos que la pena de muerte es un disuasivo”, aseguró Villate.

Evangélicos, a favor

César Augusto Ayala, vocero de la Alianza Evangélica, manifestó que, aunque su organización es “pro vida”, creen que cuando un delincuente es reincidente, por sus faltas a la moral y a la ética, “hay justificación para ello”.

“Como un disuasivo es bastante difícil verlo; más bien, es como una confirmación de la justicia y su cumplimiento”, sostuvo Ayala.

La historia de la pena capital

El Código Penal guatemalteco, que data de 1973, contempla la pena de muerte, y antes de las dos ejecuciones de 1996, se tiene registro de cuatro sentencias llevadas a cabo en 1982.

Otras 11 personas fueron ejecutadas en 1983, bajo el amparo del decreto de emergencia 46-82, promulgado durante el estado de Sitio impuesto por el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt.

En ese decreto se castigaba la pena de muerte para el parricidio, el homicidio con circunstancias agravantes y el homicidio del presidente y del vicepresidente de la República.

Estaba regulado mediante la Ley de Indultos, aprobada en la Asamblea Legislativa de 1982, en el régimen de Ríos Montt.

Paradójicamente, fue el Congreso presidido por el general retirado el que derogó esa ley el 11 de marzo del 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo.

La discusión se retomó en el 2006, en el gobierno de Óscar Berger, pero la iniciativa impulsada por el Partido Unionista fue bloqueada por el Frente Republicano Guatemalteco.

El presidente Álvaro Colom ha vetado otros dos decretos que pretendían restablecer el indulto presidencial.

Fuente: http://www.prensalibre.com/noticias/Obispos-oponen-pena-muerte_0_374962544.html

No hay comentarios: