La Asociación de Jueces y Magistrados rechazó ayer la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en la elaboración de un plan de emergencia para darles seguridad a los operadores de justicia.
Carlos Aguilar, presidente de la citada organización, informó que le pidieron al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dé marcha atrás en la solicitud a la Cicig para que diseñe un plan de seguridad que ayude a mermar la violencia contra jueces y magistrados.
Afirmó que rechazan cualquier tipo de colaboración, ya sea a través de asesorías, recomendaciones u otro tipo de acción de esa entidad.
“Esa petición lesiona la independencia judicial, en virtud de que la Cicig es sujeto procesal”, expuso Aguilar.
Indicó que no es prudente aceptar la colaboración del ente internacional, ya que en algunos casos judiciales la Cicig es acusadora y tiene a su cargo investigaciones penales que se ventilan en los tribunales.
El directivo de la mencionada asociación aseveró que tiene programado reunirse con el presidente de la CSJ, Luis Archila, para hacerle saber la inconformidad de los juzgadores.
El 16 de febrero último, Archila había informado que le pidieron a la Cicig elaborar un análisis sobre el riesgo en que se encuentran los operadores de justicia y la detección de los puntos débiles del sistema judicial.
Al ser consultado ayer, el presidente de la CSJ informó que esperan la respuesta de la Cicig de hoy a mañana.
Nada personal
En caso de que la Cicig accediera, la Asociación dijo que rechazará esa colaboración y no permitirá que se ponga en marcha el proyecto.
“No tenemos nada contra la Cicig. Consideramos, como jueces, que el papel de esa comisión tiene avances en lo que respecta a la investigación penal; no es nada personal”, refirió Aguilar.
Diego Álvarez, vocero de la Cicig, explicó que esa entidad analiza la petición planteada por la CSJ. Aseveró que de hoy a mañana dará una respuesta.
Aclaró que la solicitud es para elaborar un diseño o dar recomendaciones en materia de seguridad y no se trata de brindar protección a los juzgadores o personal judicial.
“Queremos ser cuidadosos en no entorpecer ningún proceso”, refirióÁlvarez.
Los magistrados de la CSJ pidieron apoyo a la Cicig después de que el juez Érick Cáceres Rodríguez fue ultimado en San Benito, Petén, el 15 de febrero recién pasado. Ese fue el tercer crimen contra un juzgador desde el 2009, a lo cual se suman más de 20 amenazas contra operadores de justicia del país.
La situación pareció complicarse ese mismo día, cuando individuos dispararon contra la vivienda del juez Ulises Ixcot, en Quetzaltenango.
Francisco Matías, juez de Paz de Chicamán, Quiché, estuvo retenido por unas horas por pobladores que exigían que la Policía pusiera en libertad a tres personas.
Es gobernación
Juan Ramón Lau, secretario de la Asociación de Trabajadores del Organismo Judicial, expuso que la seguridad de jueces y personal judicial debe ser una obligación del Ministerio de Gobernación, y no de la Cicig.
“Si el apoyo es por asesoría no hay inconveniente”, dijo Lau.
Alejandro Balsells, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, exhortó a los magistrados de la CSJ para que pongan atención al planteamiento de los jueces que se ven amenazados en su trabajo, para que determinen si es viable o no aceptar la colaboración de la Cicig.
“Tendrían que revisar ese criterio, pero lo más importante es la protección a los operadores de justicia, que debe estar garantizada y se debe resolver en el corto plazo”, expresó Balsells.
Esta semana entró en vigencia el seguro de vida para jueces, por un total de Q150 mil, el cual podrá ser utilizado sin importar la causa de la muerte.
En lo que respecta al seguro de magistrados, sigue su trámite a la espera de ser aprobado.
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