Con 112 votos a favor, los legisladores aprobaron ayer la ley de extinción de dominio, y con ello avalaron la desaparición de las acciones al portador, castigos más severos por peculado y por actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
Un desayuno con Stephen McFarland, embajador de EE. UU., y Arturo Valenzuela, subsecretario de Estado de EE. UU. para el Hemisferio Occidental, bastó para que los diputados desistieran de intentar bloquear la llamada ley antimafias.
El clamor de la sociedad civil, grupos pro justicia y otros integrantes del Cuerpo Diplomático surtieron efecto, y ahora, Guatemala cuenta con una legislación similar a la de Colombia y México, que permitirá utilizar los bienes del crimen organizado para fortalecer a la Policía Nacional Civil y al sistema de justicia.
La normativa establece la persecución de los propietarios de bienes que provengan de una actividad ilícita, de los empleados, funcionarios y servidores públicos que hayan incrementado su patrimonio injustificadamente y obliga a que las acciones al portador sean nominativas.
La ley, que cobrará vigencia en junio del 2011 —si el Organismo Ejecutivo la sanciona durante las próximas semanas—, representaría para el Estado una fuente de ingresos, ya que todos los bienes incautados al crimen organizado y narcotráfico pasarán a formar parte de sus arcas.
Como era de esperarse, los diputados, temerosos de que la ley antimafias los perjudicara, de cara al proceso electoral, acordaron que la norma entre en vigor seis meses después de su publicación en el diario oficial, para evitar ser perseguidos políticamente y que la inscripción de los candidatos sea afectada, ya que la convocatoria para las próximas elecciones generales se tiene prevista para el 2 de mayo próximo.
La normativa crea el consejo nacional de administración de bienes en extinción de dominio, como órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República, con personalidad jurídica propia, para la administración de recursos y patrimonios.
Cuando la ley sea promulgada, el vicepresidente deberá nombrar a un secretario general y un secretario adjunto para hacerse cargo de esa comisión, por un lapso de tres años.
Intentos fallidos
Los diputados estaban citados ayer al hemiciclo a las 9 horas, pero no fue sino hasta las 14.30 cuando se inició la sesión.
Después de haber desayunado con McFarland y Valenzuela, en la sede de la Embajada de EE. UU., los jefes de bloques se enfilaron al Congreso, adonde llegaron presurosos para efectuar una reunión privada con el presidente del Legislativo, Roberto Alejos.
Minutos después, trascendió que los representantes de las bancadas pretendían reformar el objeto y el alcance de la ley, y no escatimaron esfuerzos para tratar de eliminar delitos como peculado, concusión, fraude, colusión, cohecho pasivo y activo, evasión y malversación.
Sin embargo, esa cita terminó sin consenso respecto de los cambios a la iniciativa.
Aún en el pleno, los diputados no lograban ponerse de acuerdo, y la sesión se detuvo en más de una ocasión por lapsos de 15 minutos.
Legisladores que pidieron el anonimato aseguraron que la presión de la sociedad y de la comunidad internacional —que había condicionado su apoyo económico y logístico al país para combatir el crimen organizado a cambio de la aprobación de esa norma— era muy fuerte.
Contra todo pronóstico
Con cien diputados presentes, a las 15.30 horas, se inició la aprobación de la ley, y cuando el secretario de la directiva, Fernando García, leyó los artículos 1 y 2, referentes al objeto y alcance de la ley, nadie se opuso; todos levantaron la mano en señal de aceptación.
Los mismos diputados quedaron asombrados por la unanimidad de los votos, y luego de verse las caras, continuaron la aprobación hasta el final.
No hizo falta quien mostrara algunos gestos de molestia. Mario Taracena, diputado del partido oficial, fue uno de ellos.
Cuando la ley estaba casi aprobada, presentó una solicitud para que se revisara la ley, porque no se incluyó de forma expresa la persecución contra los evasores fiscales; además, pidió que esa solicitud se votara nominalmente —uno a uno, de viva voz—.
“Si vamos a hacer justicia y vamos a dar pasos importantes en el país, que la ley sea pareja para todos. Desde el momento en que están quitando la evasión tributaria, están quitando la evasión fiscal; lo que están haciendo es protegiendo a los empresarios, o sea que no solo es —Carlos— Vielman, sino todos los empresarios los que quedan protegidos”, justificó Taracena.
La solicitud del oficialista no tenía fundamento, según el diputado independiente Oliverio García Rodas, “porque el delito de evasión fiscal no existe en la legislación guatemalteca, y para incluirlo en la ley de extinción de dominio es necesario tipificarlo antes en otra normativa”.
Al final, los legisladores persuadieron a Taracena, y retiró la moción; fue entonces cuando los 112 diputados que permanecían en el hemiciclo aprobaron el decreto 55-2010.
“El Congreso aprobó contra todo pronóstico una ley que le da al Estado las herramientas necesarias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Aprobamos los delitos necesarios para acabar con la corrupción, avalamos la persecución de funcionarios públicos que incurran en peculado y le dimos un golpe bajo a las mafias. Todo ha sido producto del diálogo”, expresó Alejos en tono de satisfacción, al terminar la sesión.
Entre quejas y ovaciones
“Esperemos que ahora, así como se le exige al Congreso que apruebe leyes, se le exija a los órganos encargados de esto que inicien las verdaderas acciones contra el crimen organizado; a ver si lo hacen. Nos pidieron la Ley de Armas y Municiones, y no hicieron nada; nos pidieron la Ley contra el Crimen Organizado, y no hicieron nada”, se quejó García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Aunque no con las mismas palabras, otros diputados, como Alejos y Rubén Mejía, de la Bancada Guatemala, coincidieron con García Rodas, y por ello solicitaron al Gobierno de los EE. UU. que acompañe a Guatemala en la aplicación de la ley antimafias.
El diputado oficialista César Fajardo señaló: “Me preocupa que se le está poniendo al vicepresidente en un rol en esta ley, y eso es grave, porque la Constitución le asigna las funciones al presidente y vicepresidente de la República. Estoy totalmente de acuerdo con la ley, pero me preocupa que pueda ser impugnada por cosas como esta”.
Ahora, los organismos Ejecutivo y Judicial deberán demostrar que la ley es efectiva.
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