El Ministerio de Energía y Minas (MEM) considera que la tasa de 30 centavos de quetzal por galón de combustible que pretende cobrar a los importadores la comuna de Puerto San José, Escuintla, oculta un impuesto que resulta inconstitucional, lo que puede detener una medida que tendrá impacto generalizado.
En efecto, la municipalidad mencionada planea cobrar por cada galón de combustible que llegue a puerto, lo que le generaría Q17 millones mensuales, pero aumentaría el costo del carburante y en consecuencia el de todos los productos.
El ministro Romeo Rodríguez dijo a Emisoras Unidas que el concepto de tasa municipal al que recurre Puerto San José debe tener un fin de beneficio colectivo, como alumbrado público u ornato, pero la comuna no ha demarcado el uso del dinero recaudado.
"En consecuencia ese es un impuesto, lo cual es inconstitucional porque éstos solo los puede decretar el Congreso de la República", declaró.
Óscar Chile Monroy, experto en temas tributarios, coincidió con Rodríguez en que la tasa municipal es una doble tributación.
El funcionario aclaró, sin embargo, que el Gobierno no puede actuar para contener el cobro que pretende hacer Puerto San José sino que su competencia se limita a garantizar la calidad y cantidad en el producto.
En ese sentido dijo que corresponde accionar contra la tasa municipal a las importadoras y comercializadoras de combustibles.
El 65 por ciento de todas las mayores compañías de comercialización de combustibles emplean Puerto San José para importar, almacenar y transporte su mercadería.
El guatemalteco paga 12 por ciento de IVA por cada galón que consume, pero paga el Impuesto de Derivados del Petróleo a Q4.70 si es gasolina súper; Q4.30 por regular y Q1.30 por diésel.
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