Los jefes de tres instituciones del sector justicia lanzaron ayer la voz de alarma por la reducción de sus respectivos presupuestos y afirmaron que, si esa situación no cambia, estas podrían colapsar en el último trimestre de este año.
Luis Archila, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Claudia Paz y Paz, jefa del Ministerio Público (MP), y Blanca Stalling, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), coincidieron en señalar que hubo una disminución en sus presupuestos, lo que podría provocar que sus programas de este año estén en riesgo de no continuar.
Stalling afirmó que entre las dificultades está la menor contratación de abogados particulares que ayudan a esa institución.
También se redujo el período de descanso para los abogados, quienes antes laboraban un fin de semana cada mes y ahora serán dos.
Indicó que esa situación afecta las audiencias en los juzgados porque deberán espaciarse para que los profesionales del IDPP puedan asistir. Stalling expresó que solo tienen recursos para llegar a junio próximo.
Otros riesgos
Paz y Paz explicó que la disminución presupuestaria recae directamente en el funcionamiento del MP, lo cual podría llevar a un recorte de personal.
Refirió que se necesita una ampliación de Q200 millones, ya que de lo contrario no se podrán crear más fiscalías que le hagan frente a la actual saturación de casos que existe en esa institución.
La fiscal general dijo que también se verán afectados los programas de agentes encubiertos, de entregas vigiladas, de atención a la víctima y de protección de testigos.
Respecto de la CSJ, Archila indicó que no podrán habilitarse más juzgados ni tribunales, sobre todo en la provincia.
Aseveró que habrá problemas en la protección de jueces y magistrados, y en la aplicación del plan quinquenal que recientemente lanzaron los magistrados de la CSJ.
Piden aprobación
Los tres funcionarios se reunieron ayer en la presidencia de la CSJ para analizar esta situación, la cual se complica porque el Congreso no ha aprobado un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por US$30 millones, otorgado hace cuatro años y destinado a la Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia.
Ese monto podría perderse, ya que debe quedar autorizado por el Legislativo antes del 24 de abril.
Por esa razón indicaron que se reunirán con el presidente del Legislativo, Roberto Alejos, y los jefes de bloques parlamentarios, para expresarles su malestar.
En la última semana de febrero se tiene previsto que la Unión Europea les otorgue una donación de €20 millones, para que sean utilizados por esa coordinadora, que es integrada por el Ministerio de Gobernación, el MP, la CSJ y el IDPP.
Los recursos serán manejados por la secretaría de la coordinadora, expuso Archila.
Informaron que esos fondos servirán para desarrollar proyectos que ya no pueden ser financiados, debido a la falta de presupuesto.
Los tres funcionarios le dejaron al Ejecutivo la responsabilidad para que les asigne más fondos para seguir operando.
El presidente Álvaro Colom ha dejado entrever que no hay recursos para el sector justicia.
Explicó que se necesitan Q3 mil 800 millones, pero para obtenerlos se requiere aprobar una reforma fiscal.
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