martes, 15 de febrero de 2011

Contraloría pide rescindir compras por Q81 millones



La Contraloría General de Cuentas (CGC) envió una nota el viernes último al Ministerio de Gobernación, para que se anulen 10 de los 11 contratos para la compra de armas, municiones y equipo policial por Q81.6 millones, dos días antes de que el presidente Álvaro Colom anulara un contrato para adquirir tres mil fusiles Galil.
En el documento, la CGC destaca entre las “deficiencias” que los fusiles Galil Ace 31 no habían sido probados en el país, sobreprecios en algunos productos y falta de análisis de los proveedores.
La contralora general de Cuentas, Nora Segura, informó ayer durante una reunión con la diputada Rosa María de Frade que el 11 de febrero último envió la nota al ministro de Gobernación, Carlos Menocal, en la cual le informó sobre las deficiencias detectadas en 10 de los 11 contratos para la compra de equipo destinado a la Policía Nacional Civil (PNC).
“Enviamos una carta donde solicitamos al Ministerio de Gobernación declarar lesivos los contratos para la compra de armas, por ser estos dañinos para los intereses del Estado”, indicó la funcionaria.
Apenas dos días después de recibida la carta, Colom anunció que el Gobierno daba marcha atrás en la compra de los Galil y ocho mil pistolas.
Colom también anunció el domingo recién pasado que el nuevo proceso para adquirir equipo será acompañado por la Organización de Estados Americanos (OEA). 


El análisis

El estudio de la CGC advierte que “los contratos suscritos con Tecnología Importaciones Latinos, S.A., (Tilsa), contravienen las bases de licitación”.
El documento expresa: “según las bases de contratación, los precios deben incluir IVA (Impuesto al Valor Agregado); sin embargo, en el contrato se excluyen, indicando que son responsabilidad de la PNC, además de los derechos arancelarios”.
La CGC asegura que “hubo” anticipación en la gestión para promover el concurso por excepción, porque se les consultó a finales de junio del 2010, y la anterior compra fue rescindida en septiembre.
Otro de los ocho puntos es que el contrato entre la Dirección General de la PNC y las empresas Israel Weapon Industries LTD (Iwi) y Tilsa, para la adquisición de cinco mil cinturones policiales, con fundas para pistolas, portatolvas y portagrilletes, no tiene plazo de entrega.
Segura indicó que la investigación para determinar que estos contratos son lesivos para el país tomó unas cuatro semanas, con el trabajo de cuatro auditores y sus ayudantes, para revisar los documentos. 


Iniciaron el proceso

El portavoz de Gobernación, Nery Morales, dijo que ya está en marcha el proceso para anular los contratos, a fin de cumplir con lo ofrecido por el presidente Colom el domingo recién pasado por la noche.
“El Ministerio de Gobernación se encuentra en trámites administrativos para declarar nulos 10 contratos realizados para la compra de equipo para las fuerzas de seguridad del país”, explicó.
El único compromiso que quedaría vigente del paquete en términos de excepción es la compra de cinco millones de municiones calibre 9 milímetros, a un costo de Q15.5 millones.
La CGC declaró en su informe que “en el proceso de contratación directa no se efectuó un adecuado análisis de proveedores, a excepción de la compra de las municiones 9 milímetros”.
Según Morales, aún no saben cuándo iniciarán un nuevo proceso, ya que dependen del acompañamiento de la OEA.


En pie la interpelación 

Dar marcha atrás en la compra del equipo para las fuerzas de seguridad no ha librado a Menocal de otra posible interpelación en el Congreso.
De Frade afirmó que mantiene el interrogatorio programado para el próximo 1 de marzo, y que solo contemplaría el retiro si se aclarara todo el caso en los días siguientes.
La legisladora advirtió que insistirá en que se investigue a quienes considera que pueden tener responsabilidad en la firma de compras que vulneran los intereses del Estado.
La nueva historia en la compra de armas para la PNC comenzó en septiembre del 2010, cuando la primera adjudicación fue anulada por Menocal, por supuestas irregularidades.
En diciembre último, con base en el acuerdo 308-2010, el Consejo de Ministros autorizó a Gobernación la compra del equipo, valorado en Q97.1 millones, en 11 contratos, de los cuales solo uno está vigente, por Q15.5 millones.
Revisan armas
Diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada inspeccionaron las bodegas de la PNC y constataron que hacía falta un inventario certero de las armas ahí almacenadas.
Los congresistas señalaron que para saber si aún son útiles esos pertrechos es necesario probarlos.

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