En las últimas horas murieron dos personas más y aumentan a seis el número de víctimas de la explosión de una bomba incendiaria en un autobús con servicio en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.
El Hospital Roosevelt confirmó el deceso de Rigoberto García Orozco y Dora Rodas Franco, de 69 y 54 años respectivamente, quienes tenían quemaduras en el 80 por ciento en el cuerpo; las otras víctimas son Alicia Zacarías y sus hijos Nury Paola y Gerson Daniel Cac Zacarías, de 35, 3 y 11 años, y una más que aún permanece sin identificar.
Los restantes 15 pasajeros heridos están en observación médica en varios hospitales, pero su estado es estable. En su mayoría sufrieron trauma facial por flama y politraumatismo.
La Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que el artefacto que causó la explosión es una bomba incendiaria, pero todavía no ha conseguido pistas que la lleven con los responsables del ataque.
En entrevista con Emisoras Unidas, un hombre identificado como amigo del taxista Jorge Cac Gutiérrez que perdió a su esposa e hijos en el hecho, relató el drama que vive la familia.
De acuerdo con el entrevistado, Alicia en compañía de sus dos hijos había almorzado horas antes con su esposo, quien los acompañó a abordar la unidad en dirección a Ciudad Quetzal.
Al escuchar sobre lo ocurrido, Cac intentó comunicarse a los teléfonos celulares sin tener respuesta alguna. Ansioso, apresuró su taxi hacia la 37 avenida y calzada San Juan, zona 7, para confirmar sus desafortunadas sospechas e identificar los cuerpos de su familia.
Sin servicio
Los autobuses con servicio en Ciudad Quetzal operan en una minoría este martes, un día después del ataque con una bomba incendiaria.
La Policía Municipal de Tránsito de Mixco (PMT) reportó que un 20 por ciento de unidades están en funcionamiento.
Repudio total
La noticia de la explosión en el autobús provocó tristeza e indignación en todos los sectores del país.
En algunas redes sociales, los usuarios calificaron el hecho como terrorismo y expresaron su consternación al ver que las autoridades no actúan con arrojo para proteger a la ciudadanía del crimen organizado.
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